Lo mÃo contra los polÃticos no es algo reciente. Mi desencuentro con estos personajes que tienen nuestro destino en sus manos viene de largo. Nunca he creÃdo en su honestidad, ni en su capacidad, mi decepción con su gestión se remonta largo tiempo atrás, mucho antes de que ni siquiera esta crisis brutal nos golpeara a todos con fiereza inusitada. Por eso evito hablar del asunto, entablar debates polÃticos, polemizar con sus desafortunadas decisiones… Para qué. Su impunidad es clamorosa, su descaro vergonzoso; han tomado la medida a la ciudadanÃa y pueden campar a sus anchas sin que realmente ocurra nada.
Pero ni siquiera desde esa desilusión soy capaz de entender en ocasiones muchas de las tropelÃas que comenten quienes nos gobiernan. Por ejemplo, y concreto en el tema que nos ocupa, que tengan el descaro de maltratar una y otra vez al sector de la moto, discriminándolo sin ningún pudor frente al del automóvil. Ninguno de estos sesudos polÃticos, o alguno de sus cientos de asesores, ha tenido ni siquiera el detalle de explicarnos las razones por las que las motos quedan fuera, de forma recurrente, de los planes de incentivación de las ventas, los ya famosos PIVE. Su eficacia ha quedado probada con cierta reactivación de las matriculaciones de coches y, sin embargo, a nadie parece preocuparle cómo está sufriendo la industria y el comercio de las dos ruedas.
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